“La tutela policial a los embrionarios grupos narcos configuró la condición necesaria para la expansión y estabilización del mercado ilegal de drogas, debido a que permitió y garantizó el despliegue y dominio territorial imprescindible”, sostiene Marcelo Saín, experto en Seguridad y creador de la Policía Aeroportuaria, citado en el libro País Narco. “Esto no significa que toda la policía es corrupta, pero sí que hay dispositivos de permisión de la ilegalidad”, afirma.

Lejos de la academia y las funciones políticas, los vecinos de Rosario lo comprenden y lo observan, tangiblemente, cuando nos cuentan que “los narcos” se pasean mostrando sus armas por el barrio, por las mismas calles por las que circula, también, la policía, sin detener a nadie. Dicen los vecinos que saben muy bien dónde están los kioscos y búnkers, que hasta allí llegan autos importados y que también estacionan, allí, los patrulleros.

Para Enrique Font, Magíster en Criminología, la responsabilidad no es sólo de la policía sino, también, de la Justicia Federal. No se produce información criminal de calidad ni se diseñan políticas de prevención del delito. Coincide en esta mirada Gabriel Ganón, Defensor General de la Provincia.

Mientras tanto, crece el número de homicidios en Rosario, mostrando patrones evidentes. Entre los jóvenes de sexo masculino, de entre 15 y 35 años, se concentra la mayoría de las muertes. La metodología del homicidio es similar: 2 ó 3 jóvenes armados asesinan a quemarropa en plena calle. Cada nuevo crimen ocurre a pocas cuadras del anterior. Oficialmente, estos homicidios se caratuan con categorías imprecisas, que poco aportan a la investigación. Simultáneamente, el mapa del delito narco va delineando sus rutas cruzadas.

Desde que los medios nacionales hicieron pública la gravedad de la situación rosarina en relación al narcotráfico, muchos funcionarios y candidatos políticos se refirieron al tema.

Para Hermes Binner, ex Gobernador de Santa Fe y principal referente del partido que hoy gobierna la Provincia, se trata de una maniobra montada por los medios afines al gobierno nacional para generar la idea o “sensación” de narcotráfico en Rosario. Sostiene que, como delito federal, es responsabilidad de la Nación, y que los delitos que se le imputan a Hugo Tognoli “ocurrieron y no ocurrieron”.

Por su parte, en la apertura de sesiones de la legislatura provincial, el Gobernador Bonfatti afirmó que “este gobierno es enemigo declarado del narcotráfico” y que será “implacable al aplicar sanciones a la institución policial”. Mientras, la Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, dejó en claro que “la seguridad pública de Santa Fe es un tema provincial y el gobierno santafesino no controla a su Policía.

La cadena discursiva es larga e intrincada. No obstante, si se analizan las políticas actuales sobre drogas, Enrique Font no duda en llamarlas “esquizofrénicas”: construyen a los consumidores como víctimas patológicas, criminalizan y castigan a los “soldaditos” y trabajadores de la droga, pero jamás identifican ni encierran a los empresarios.

La gestión actual de la ciudad se precia de destruir permanentemente búnkeres de drogas. Para los especialistas, esa acción es meramente simbólica, no resuelve el problema. Gabriel Ganon las llama “acciones publicitarias de política criminal”. Se avanza sobre el eslabón más vulnerable, pero no se toca el negocio.

Para muchos especialistas, las políticas prohibicionistas se constituyen como causa del problema. Por otro lado, mientras algunos defienden la despenalización del consumo como una forma de revertir las consecuencias de las actuales políticas de criminalización, otros tantos dudan sobre su potencial para solucionar el problema.

Sin embargo, la pregunta que subyace hoy en la variable política del narcotráfico es: ¿existe voluntad para reconocer el narcotráfico como problema prioritario en la ciudad, investigar el asunto, construir información del delito de calidad, reformar la institución policial, desarticular las bandas y encarcelar a los jefes narcotraficantes?

Villa Moreno

Jere, Patom y Mono, de Villa Moreno

La ciudad amaneció con la noticia del triple crimen de Villa Moreno en la madrugada del primer día del 2012. Jeremías “Jere” Trasante (17 años), Claudio “Mono” Suárez (19) y Adrián “Patóm” Rodríguez (21) militaban en el Frente Popular Darío Santillán. Los acribillaron a sangre fría, alrededor de las 3 de la mañana, en una canchita de fútbol de calle Dorrego y Presidente Quintana, en la zona sur de Rosario. Hoy, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia, mientras alertan: "los móviles policiales están, pero los pibes andan a los tiros por los pasillos y nadie hace nada".

Ludueña

Mercedes Delgado

El negocio del narcotráfico se extiende por los barrios de Rosario dejando, junto a las millonarias recaudaciones, un espiral de violencia que involucra a bandas de jóvenes armados que se disputan territorio, poder y minúsculas porciones de la ganancia. En el fuego cruzado entre bandas han quedado los vecinos del sur, el oeste y el norte de la ciudad. Mercedes Delgado, trabajadora social asesinada en Ludueña, es una de las víctimas de la guerra territorial. Buscaba a su hijo en medio de un tiroteo entre bandas. Sus vecinos y amigos la recuerdan con canciones que piden justicia.

Nuevo Alberdi

Balas en Nuevo Alberdi

Las balas que alcanzaron a Gastón, Ariel y Carlos, militantes del Movimiento Evita, en Nuevo Alberdi, también fueron disparadas por soldaditos, jóvenes trabajadores del mercado de la droga. El hecho ocurrió cuando caía la tarde del jueves 9 de enero en la zona norte de Rosario. Les dispararon desde una moto, en plena calle. Habían pasado apenas 24 horas del asesinato de "Meche" Delgado en Ludueña.

Sabemos que el narcotráfico es un negocio millonario. Pero, ¿a dónde van a parar los billetes que produce? Cuando las ganancias son voluminosas, aparecen negocios asociados. Los especialistas sostienen que existe una relación estrecha entre el narcotráfico y la economía legal.

Generar dinero que no se pueda gastar no tiene sentido: es preciso “blanquearlo”, reinsertarlo en el sistema económico y financiero. Abogados y contadores llevan adelante esta tarea. El mercado inmobiliario, las inversiones en el rubro de servicios como hoteles, boliches nocturnos, restaurantes, así como también las concesionarias de alta gama se cuentan entre los negocios que se asocian al narcotráfico. También las “cuevas” cambiarias, lugares donde comprar ilegalmente moneda extranjera, aparecen como puntos ineludibles en el circuito del dinero de las drogas.

El fenómeno del narcotráfico es global y complejo. En Rosario, no involucra exclusivamente a un barrio ni a un sector social: se extiende a lo largo y ancho del mapa de la ciudad. Tampoco reconoce franjas etáreas ni género.

En el mercado capitalista, la producción, circulación y consumo de sustancias prohibidas involucra un conjunto de actores sociales con funciones específicas, transitando entre la legalidad y la ilegalidad.

El rostro más doloroso de este sistema productivo y delictivo es, quizás, el de los adolescentes reclutados como “soldaditos” y trabajadores de búnkers y kioscos. Sobre ellos descarga su violencia represiva, excluyente y criminalizadora el aparato que pretende combatir el narcotráfico.

En cambio, pocas veces se identifica y se juzga a los eslabones superiores de esta cadena: los empresarios que invierten, se llevan las ganancias, controlan los circuitos de ingreso y egreso de drogas en el país e inyectan el dinero del narcotráfico nuevamente en el mercado.

El narcotráfico genera ganancias millonarias y opera en la ciudad con redes cada vez más profundas y con mayor capacidad financiera y operativa. Para ello existe, también, un dispositivo policial que se ocupa de proteger y permitir la reproducción del circuito de la droga.